El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, quien se encontraba encarcelado desde noviembre último luego de ser encontrado culpable en una causa por corrupción y peculado, quedó ayer en libertad en virtud de una medida adoptada en ese sentido por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de esa provincia.
La medida dejó sin efecto una decisión anterior de la Cámara de Casación, que había negado la liberación de Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, condenado en la misma causa, por considerar que existía peligro de fuga.
El STJ desestimó esta última posibilidad y dispuso que Urribarri y Aguilera sigan en libertad hasta que su condena a ocho años quede firme, ya que se encuentra apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Urribarri fue gobernador de Entre Ríos representando al justicialismo en dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, y ocupó además cargos partidarios a nivel provincial y nacional y se desempeñó como embajador durante el Gobierno de Alberto Fernández, cargo al que renunció al ser condenado en 2022.
En un fallo que se conoció ayer, pese a estar en feria judicial, los jueces del STJ Leonardo Portela y Germán Carlomagno consideraron que no está acreditado el riesgo de fuga, mientras el tercer miembro del cuerpo, Miguel Giorgio, votó en disidencia por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva.
El voto de la mayoría consideró que la aplicación de la prisión efectiva era una medida “desproporcionada”, al no haber una sentencia firme y no existir tampoco riesgo de entorpecimiento por parte de los condenados, ya que la etapa de investigación ya quedó clausurada y solo resta que se expida la Corte Suprema de la Nación.
Carlomagno sostuvo que, en el caso, la prisión preventiva que impuso Casación era una medida desproporcionada, tal como había fundado el Tribunal de Juicio. “Comparto los motivos expuestos en su oportunidad por la mayoría del Tribunal de Juicio y Apelaciones, en cuanto a la evidente falta de proporcionalidad de la prisión preventiva solicitada por la acusación”, expresó.
“El ‘peligro de fuga’ que advierten los tribunales inferiores, no posee anclaje concreto en circunstancias de la causa, y se encontraba ya ampliamente cautelado mediante las medidas coercitivas impuestas por la resolución del Tribunal de Juicio”, remarcó más adelante.
Portela, presidente del STJ y quien habilitó la feria para tratar el caso, adhirió al criterio de Carlomagno. Y fue más allá al puntualizar: “A esta altura resulta evidente que los argumentos brindados por Fiscalía para sostener su pedido y de la Cámara de Casación para resolver no superan el umbral de la mera hipótesis y, como tales, no conforman argumentos sólidos”.
COMENTARIOS